Sólo entre 2015 y 2016, más de 56 mil familias fueron afectas por los fenómenos naturales en 38 de 47 municipios de Cochabamba. Además, 33 mil hectáreas de cultivos fueron dañados.
El panorama no es muy alentador este año, porque la cifra de personas perjudicadas por los fenómenos de enero a marzo sobrepasa los 15 mil, según los registros con los que cuenta la Gobernación y que deben confirmarse con una evaluación final.
La Gobernación presupuestó alrededor de 23 millones de bolivianos para la atención de desastres naturales durante los últimos tres años. En este sentido, la secretaria departamental de la Madre Tierra, Soledad Delgadillo precisó que en 2016 se destinó inicialmente alrededor de 9 millones de bolivianos, sin embargo, ese monto aumentó con aportes de los ministerios.
“El año pasado hicimos un plan que consideraba alrededor de 9 millones de bolivianos para mitigar la sequía y la ejecución fue de 17 millones, porque el plan nos sirvió para gestionar aportes de los ministerios de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y el Viceministerio de Defensa Civil”, precisó Delgadillo.
En 2016, el departamento soportó la peor sequía en 20 años. Más de la mitad de los municipios, 38 de 47, del departamento reportaron escasez de agua. El cono sur, el valle alto, la región metropolitana y la zona andina afrontaron la falta de este recurso para consumo y riego.
La Secretaria de la Madre Tierra de la Gobernación adelantó que para 2017 se destinaron inicialmente 4 millones de bolivianos para la atención de desastres. El presupuesto puede aumentar en función a los proyectos y planes que se presenten. La Gobernación instó a los municipios a elaborar sus proyectos en marzo para tomar previsiones.
En lo que va del año, 33 de los 47 municipios ya fueron castigados por diversos factores climáticos. En este sentido, más de 15 mil familias en las cinco regiones ya padecen las consecuencias. Asimismo, más de 700 hectáreas fueron dañadas por vientos huracanados, inundaciones, granizadas y también sequía.
La ayuda tarda
La secretaria Soledad Delgadillo explicó que, debido a la Ley de Riesgos, la Gobernación no puede asistir de oficio a las zonas afectadas luego de un desastre.
Precisó que los municipios deben atender inicialmente el hecho con su partida presupuestaria, agotar sus recursos, capacidad institucional y declarar emergencia para que la Gobernación acuda.
El asambleísta Eduardo Sarmiento (Demócratas) calificó al proceso de burocrático. Sostuvo:
“El ejecutivo, a partir de eso, van haciendo la evaluación, está verificando si realmente es cierto, sigue perdiendo el tiempo, cuando se debe ejecutar y buscar estos recursos justamente para poder llegar a los municipios casi inmediatamente”, dijo.
Finalmente, consideró que la mayor consecuencia del proceso burocrático se traduce en una migración de la gente hacia la ciudad de Cochabamba.
Una muestra de la lentitud en la ayuda son Villa Rivero y Alalay, que en febrero y marzo perdieron cultivos sin que hasta la fecha reciban asistencia.
CENTRARÁN RECURSOS EN LA PREVENCIÓN
PREVENCIÓN.- La Gobernación informó que durante este año se hará énfasis en la prevención de la sequía en Cochabamba, ya que durante 2016 se trabajó en tareas de mitigación, según explicó Soledad Delgadillo.
Para ello se impulsaron iniciativas que tienen que ver con sistemas de riego, nuevos o también para ampliar o mejorar aquellos proyectos existentes. Entre los avances, la funcionaria destacó los tanques de cosecha de agua de lluvia ubicados en diferentes puntos del departamento.
FISCALIZACIÓN.- Para el asambleísta departamental, Eduardo Sarmiento Rojas (Demócratas), el trabajo de la Gobernación es insuficiente. Sostuvo: “La Gobernación, lamentablemente, ha hecho poco o nada diría por parte de los municipios afectados, a pesar que la pasada gestión se ha aprobado un presupuesto de casi 10 millones de bolivianos”.
El legislador mencionó la situación del municipio de Pasorapa, en el cono sur, que desde hace tres años soporta una sequía recurrente y hasta el momento no ha concretado planes sostenibles o la perforación de pozos para ayuda a las familias que viven esencialmente de la ganadería y el maíz forrajero. Una consecuencia de la falta de asistencia ha sido la migración de la población hacia las zonas urbanas para trabajar como jornaleros hasta que la situación cambie en esta región del cono sur del departamento.
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