Las familias de estas comunidades se encuentran en alerta y esperan la orden de las autoridades para trasladarse a lugares con mayor seguridad.
El capitán grande del pueblo Weenhayek, Moisés Sapiranda, explicó que las autoridades departamentales y nacionales están dilatando las acciones necesarias que deben tomar para prevenir la pérdida de viviendas y resguardar la salud de las familias indígenas, tal como pasó la anterior gestión.
Alrededor de 4.700 personas que viven cerca de la frontera con el Paraguay corren el riesgo de perder sus viviendas por la crecida del río. Las comunidades nombradas son las que padecen mayores riesgos por su proximidad a la ribera del Pilcomayo.
En anteriores días, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA) reportó que el nivel de agua del río Pilcomayo se mantiene dentro de sus franjas de seguridad. Sin embargo, recomendaron a la población estar atenta a los nuevos informes que puedan emitir esa institución o el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). La alerta naranja se mantiene porque se pronostica ascensos próximos a los niveles de seguridad en áreas cercanas a las poblaciones de Talula, Viña Quemada, Villa Montes y poblados vecinos.
A su vez, el secretario de Medio Ambiente de la Gobernación, Pablo Avilés, indicó que la población debía mantenerse en alerta y controlar los niveles del río porque los reportes climatológicos podían cambiar. Aseguró que están en un contacto permanente con los pueblos indígenas para proporcionar información de los niveles del río y tengan los cuidados necesarios.
Según el relato que contó Sapiranda, en la gestión 2018, hubo una época de lluvias intensas que derivó en una de las crecidas del Pilcomayo más grandes de los últimos años. “Una ola se llevó las casas de las familias que vivían más próximas al río y el agua se llevó todo. Al cabo de 20 días después, las autoridades recién autorizaron que las brigadas de salud nos brinden ayuda”, dijo.
Las consecuencias en el bienestar de las familias fueron notorias. Los niños y niñas de la comunidad se enfermaron con neumonía, pulmonía, resfríos agudos y diarrea. El daño fue grave. El Gobierno Departamental delegó a personal técnico para que ayude a las familias afectadas y también se desplegó a los militares y demás instituciones encargadas de este tipo de emergencias.
Sapiranda sostuvo que se tardó en reaccionar. El pueblo indígena solicitó a las autoridades nacionales ingresar a programas de vivienda que ayuden a las familias con mayores pérdidas a recuperar sus hogares.
El viceministro de Defensa Civil, Carlos Bru, garantizó un presupuesto de 49 millones de bolivianos para la atención de emergencias y manifestó anteriormente que existe un constante monitoreo para analizar el comportamiento de las aguas de los ríos, por ejemplo, del Pilcomayo donde se declaró alerta naranja con la posibilidad de crecida del caudal de agua. (El País)
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