Veinte municipios —la mayoría en el norte del territorio boliviano y con 185.331 habitantes— presentan alta vulnerabilidad a inundaciones, según un informe de Naciones Unidas. En total son 104 las comunas (6,2 millones de habitantes) altamente amenazadas por este fenómeno.
El estudio Vulnerabilidad Poblacional a Desastres Naturales en Bolivia señala también que las amenazas de sequía se concentran en 90 municipios al sur del país, otros 80 tienen alta amenaza de sufrir granizadas y en 56 hay alta amenaza de helada (en estos dos últimos casos refiere principalmente poblaciones de los departamentos de Oruro y Potosí).
El informe, elaborado por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), fue realizado en el marco del Plan de Acción del Programa País suscrito entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).
En él se detalla que en los 90 municipios bajo amenaza de sequías viven 2,4 millones de personas; en los 80 con alta amenaza de sufrir granizadas, los afectados serían 1,2 millones, y en los 56 con alta amenaza de helada, 438.915 pobladores podrían resultar perjudicados.
Para el estudio se aplicó el Indicador Bayesiano de Vulnerabilidad Poblacional (IBVP), con base en las características sociales, económicas y físicas de las poblaciones municipales vulnerables. Éste permitió establecer los posibles efectos del impacto de un desastre natural. Los resultados mostraron que la vulnerabilidad socioeconómica es más relevante que la vulnerabilidad física para las poblaciones bajo amenazas de inundaciones y sequías: la incidencia de la vulnerabilidad socioeconómica es del 62% en el caso de inundaciones y 68% en el caso de sequías.
RECOMENDACIÓN. El informe aconseja medir apropiadamente las características sociales, económicas y físicas, identificando las regiones más vulnerables y los factores que contribuyen a esta vulnerabilidad, lo cual permitirá tomar acciones preventivas para reducir las pérdidas humanas y las pérdidas/daños materiales ocasionados por los desastres. El estudio propone una medición de la vulnerabilidad poblacional que sintetice la información censal y administrativa de las regiones sujetas a amenazas de desastres en todo el territorio nacional.
Balance. En relación a la población afectada por eventos hidrometeorológicos en Bolivia, por departamento y amenaza, el estudio recuerda que en el periodo 1970-2011, La Paz resultó el más aquejado en dos casos: 60,2% por heladas y 35,7% por sequías. En Cochabamba, la cifra más alta es por inundaciones (46%), y en Santa Cruz el fenómeno que más daños dejó es el de incendios forestales (41,2%).
El impacto de los desastres
Frecuentes
El estudio estima que el 74% de los desastres entre 1970 y 2011 corresponden a inundaciones y sequías.
Muertes
El 66% de las muertes ocasionadas por fenómenos naturales entre 1965 y 2014 fueron originadas por inundaciones.
Afectadas
El 51% de las personas afectadas sufrieron las consecuencias de sequías y el 43% de inundaciones.
Fenómenos
Entre ambos tipos de amenaza, los periodos más problemáticos se relacionan con El Niño y La Niña.
El gobierno local debe ser el primero en responder
Ante la eventualidad de un desastre natural es la municipalidad de un territorio la responsable de la primera reacción, de modo que las personas (comunidades) afectadas deben recurrir primero a las alcaldías en busca de ayuda, según la Ley 2140.
De acuerdo con la magnitud del impacto que cause el fenómeno, los otros dos niveles del Estado se incorporan en la atención. Una emergencia o desastre de orden local afecta al municipio; una de carácter departamental representa perjuicio para más de una comuna dentro de una misma región. Y es nacional si más de un departamento reporta daños.
Tanto alcaldías como gobernaciones tienen a su cargo sistemas de atención y reacción (con recursos y capacidades desarrolladas) para atender problemas derivados de fenómenos climáticos. En las municipalidades se llaman Centro Operativo de Emergencias Municipal y en los gobiernos departamentales Centro Operativo de Emergencias Departamental. En caso de Emergencia Nacional, el Presidente del Estado tiene la facultad de emitir un decreto supremo que permite recurrir a fondos del Ministerio de Hacienda.
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