Brasil gana fallo y en Bolivia piden indemnizar a Beni

Como “histórico” fue calificado el fallo de un juez federal que la noche del lunes ordenó que las hidroeléctricas Jirau y San Antonio auxilien con alimentación, viviendas, transporte, educación y salud a miles de damnificados por los desbordes del río Madeira, donde está ubicadas.

El fallo del juez Herculano Martins Nacif también da un plazo máximo de 90 días para que las empresas inicien nuevos estudios de impacto ambiental de las represas, con la supervisión del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables (Ibama) y otros organismos públicos, pues se les atribuye el rebalse del río cuyo cauce superó los 19 metros. Si incumplen podrían perder sus licencias de funcionamiento. El fallo considera que las constructoras de las represas subdimensionaron el tamaño de los reservorios.
También se les obliga a habilitar rutas alternativas a las carreteras inundadas, en especial la BR-364 que ha dejado aislado al estado de Acre.

Respuesta a un viejo pedido
“Para el Ministerio Público, que ya había pedido varias veces un estudio de impacto ambiental, es una decisión que tiene un valor histórico”, declaró a EL DEBER el procurador Raphael Bevilaqua, al recordar que en 2007 una consultoría contratada por el Ministerio Público ya advertía que los estudios de impacto ambiental de las represas no respondían a la realidad.

Según Bevilaqua, es ‘posible’ que este fallo sirva como jurisprudencia para que en el futuro Bolivia pueda plantear cualquier acción legal contra las represas, incluso puede depender de lo que digan los nuevos estudios medioambientales.

La población observa la falta de mayor fiscalización por parte de las autoridades de Gobierno.

El pedido desde Bolivia
El diputado Rubén Darío Rojo (CN) pidió que el Estado boliviano exija un resarcimiento a las empresas hidroeléctricas en favor de las miles de familias afectadas en Beni, al igual que lo hizo la población brasileña. “En base a este fallo queda plenamente comprobada la responsabilidad de estas represas en el desastre ambiental que afecta a Beni”, declaró. Rojo fue el diputado que en 2012 solicitó a la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, que se pida un informe técnico científico sobre el impacto de las represas, ante el riesgo que advertía.

La presidenta de la comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, confirmó la reunión entre representantes de Brasil y Bolivia durante los primeros días de abril, para ver el posible impacto de las represas en territorio boliviano. La asambleísta evitó referirse a una posible responsabilidad del Estado boliviano y prefirió no adelantar nada antes de tener un informe técnico.

FRASE

“Así como la justicia brasileña falló a favor de los damnificados, Bolivia tiene que demandar lo mismo para nuestro país”
Rubén Darío Rojo (CN)

ANÁLISIS

Es el momento para que Bolivia actúe
Diego Gutiérrez - Dir. De La Soc. Boliviana De Derecho Ambiental
La decisión del juez federal pone de manifiesto el problema que representan las represas Jarau y San Antonio. El hecho más importante de este fallo es que obliga a las empresas a elaborar nuevos estudios de impacto ambiental, es decir, a rehacerlos. El momento es oportuno para que el Gobierno boliviano, a través de la Cancillería, pueda hacer las representaciones que permitan considerar en estos estudios la mitigación de los impactos en la cuenca del río Madera y los daños que podrían provocar en poblaciones bolivianas.

En 2007 el Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Renovables), dependiente del Estado, presentó algunas condicionantes a las licencias a otorgarse a estas represas, entre ellas la de no provocar inundaciones en territorio boliviano. Pero no fueron consideradas, los proyectos siguieron adelante causando daños en territorio brasileño y le corresponde al Estado boliviano sustentar técnicamente la relación entre las represas y las inundaciones en Bolivia.

Es absolutamente viable pedir indemnización para los departamentos afectados en Bolivia, porque este fallo crea una suerte de jurisprudencia incluso para que el país haga representaciones ante la Corte Internacional de La Haya.

Un principio del derecho ambiental internacional es que si bien los Estados son soberanos en el aprovechamiento y uso de los recursos naturales, no pueden por ningún motivo afectar a Estados vecinos o áreas internacionales, son absolutamente responsables de esto si pasa algo. Bolivia debe basar su accionar en este principio.
Hasta ahora, el Estado boliviano ha mirado con cierta pasividad lo que ha estado ocurriendo, no asumió una posición seria que plantee la controversia entre ambos Estados y que pueda generar una opinión pública al respecto

Represa San Antonio dice que no fue notificada y que es legal
Respondió a EL DEBER con un comunicado en el que dice estar preparada para respaldar sus estudios
Santo Antonio Energia, a cargo de la represa que lleva el mismo nombre, dijo tener conocimiento de la acción civil presentada por los fiscales y otras autoridades de Rondonia, pero aclara que en ningún momento fue notificada en este proceso.
También asegura que está preparada para responder a todos los cuestionamientos, ya que los estudios utilizados para la elaboración del EIA/RIMA (Estudio de impacto ambiental) fueron analizados, avalados y aprobados por los órganos que otorgan la licencia.

Reconoce crecida histórica
En el comunicado, la empresa reconoce que el río Madeira tiene hoy un caudal de unos 55.000 m3/s, volumen 20% superior a la última gran inundación en 1992 y que causó grandes daños en la región. “Es decir, hay que entender que vivimos en una crecida absolutamente atípica, sin registro similar en los últimos 100 años y que desgraciadamente ha causado impactos en la región norte como Acre y Amazonas”, puntualizó.
A diferencia de lo que dijo el Ministerio Público Federal, la empresa aseguró que ha estado dando ayuda humanitaria a Defensa Civil Municipal para las familias afectadas, como 26.000 litros de agua mineral, más de 4.000 litros de combustible, 13.000 libras de carne, entre otros