INUNDACIONES Bolivia sabía del posible impacto de las represas

La polémica ya lleva seis años, mientras que la naturaleza golpea más fuerte que nunca. Las represas Jirau y San Antonio, construidas en territorio brasileño, han sido y son ahora centro de críticas, pues se cree que contribuyeron a los rebalses de ríos que afectan a poblaciones de Beni y Pando en Bolivia.
Es más, ya es un hecho que en los estados brasileños de Rondonia, donde están ubicadas las represas, y de Acre hay varias poblaciones que están sufriendo por las inundaciones.
 Ambas obras son parte de un proyecto de expansión energética y de interconexión fluvial en la región, contemplado en IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura de Sudamérica), y que incluye la construcción de otras dos represas similares, una en Guajará-Mirim (Brasil, en aguas binacionales) y otra en Cachuela Esperanza (Bolivia).
Las primeras observaciones
Patricia Molina, vicepresidenta del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) recuerda que en 2007, antes de que se aprueben las licencias de construcción de las represas en Brasil, esa organización, junto a la Central Indígena del Norte Amazónico de Bolivia (Cirabo) y la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando, presentaron un recurso de medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el gobierno de Brasil, por el impacto medioambiental negativo que tendrían las represas. El recurso aún sigue vigente en esa instancia, según Molina. Incluso se publicaron dos libros con los resultados de estudios hechos por el Instituto de Hidráulica e Hidrología, en los que se advertía, además, los daños a la pesca de la región.
El ministro de Medio Ambiente y Agua, José Antonio Zamora, dice que sería “muy irresponsable” decir si las represas están o no incidiendo en el rebalse de los ríos antes de tener un estudio técnico, por lo que se está pidiendo información a Brasil y en unas dos semanas se tendrá un resultado final. Pero el tema no es de poco interés para el país vecino, al punto que se ha anunciado para el 7 de abril la visita a Bolivia del canciller brasileño, Luiz Alberto Figueiredo, quien tendrá en su agenda, las represas. 
De hecho ya existe un antecedente negativo. En 2007, el presidente Evo Morales aplicó el decreto aprobado por el exmandatario Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), por el cual se suspendió el otorgamiento de licencia en materia hidroeléctrica en la cuenca del río Madera (Madeira en el lado brasileño) hasta que no se cuente con estudios fiables. Según Molina, esto impidió que la constructora brasileña Odebrecht consiga una licencia temporal para hacer estudios sobre la represa en Cachuela Esperanza. Este consorcio es el que edificó la represa San Antonio en Brasil.
Puntos divergentes
Para el ministro Zamora, está claro que, más allá de las represas, la cantidad de lluvia que ha caído este año es mucho mayor  al promedio normal, lo que ha causado las inundaciones en  Beni y Pando. También dice que la represa San Antonio está a más de 100 km de Bolivia, por lo que hay una “distancia considerable” (para pensar en un posible impacto). Sin embargo, reconoce que, a partir de estos cambios climáticos, es necesario evaluar posibles efectos de la construcción de una represa en Cachuela Esperanza. “Probablemente hay que mejorar los diseños, verificar estos temas para impulsarlos”, enfatiza.
Según Fobomade, una represa en Cachuela Esperanza solo retendría sedimento del río Beni (cuyas aguas terminan en el río Madeira donde están las represas) y eso no le serviría de nada a Bolivia.
El presidente de la Central Indígena del Oriente Boliviano (Cidob), Adolfo Chávez, asegura que esa institución hizo una representación ante la Cancillería hace cuatro años, advirtiendo que las represas pondrían en riesgo el territorio multiétnico de la región amazónica que comprende 400.000 ha, entre Beni y Pando. “Hay un fuerte rechazo de las comunidades, porque si bien cada año esa zona se inunda, una represa en Cachuela Esperanza pondría en riesgo la producción de castaña y los árboles madereros. No se ha hecho ninguna consulta a los indígenas, asegura.
Jorge Molina, ingeniero civil, con especialidad en hidráulica, dice que a partir de un estudio de 2008, es “improbable” que las represas estén influyendo en el río Mamoré o provocando los desbordes en Beni. Pero aclara que usa el término “improbable” porque el estudio solo contempla un caudal máximo de 40.000 m3/s, cuando hoy la crecida histórica llegó a los 48.500 m3/s en Porto Velho.
Si bien en febrero el presidente Morales pidió una investigación sobre el impacto de las represas, Molina recuerda que ese estudio ya era parte del contrato firmado en 2008 por Ende con la empresa canadiense Tecsult, para el cual tenía un plazo máximo de un año. “Si esa parte del contrato se hubiese llevado a cabo, el presidente tendría la respuesta a sus dudas sin necesidad de pedir una nueva investigación”, sentencia el experto