En 2006, una carta del canciller David Choquehuanca a su homólogo brasileño expuso los temores de Bolivia por esas presas.
El presidente Evo Morales dijo el martes que instruyó la indagación del efecto de las represas construidas por Brasil; sin embargo, su Gobierno ya había alertado sobre el impacto hace mas de siete años.
En la nota enviada por Choquehuanca, citada en el diario La Razón, se argumentaba que entre los impactos probables “se considera la inundación en el territorio boliviano, como efecto de los embalses que afectan, por un lado, la existencia del bosque amazónico de la Cuenca del Madera, de alta riqueza en castaña, y por otro lado, las posibilidades de construcción de proyectos hidroeléctricos para satisfacer las demandas regionales y locales de energía”.
También aludía a “la inundación de Cachuela Esperanza, lo que inviabiliza el proyecto (...)” y se citó la afectación a los peces, sostén económico de la región.
Apelando a convenios fronterizos de protección del medio ambiente, la nota sugería remitir el tema “a una Comisión Binacional para análisis de proyectos relativos al río Madera”.
En noviembre de ese año se inició el proceso binacional de consultas con varias reuniones y encuentros presidenciales, ministeriales y técnicos. La II Reunión Técnica se realizó el 30 y 31 de octubre de 2008, en La Paz, para intercambiar información sobre los proyectos hidroeléctricos de Jirau y Santo Antonio. Bolivia expresó entonces su molestia por la ausencia de suficientes delegados técnicos de Brasil, a pesar del compromiso asumido.
Paralelamente, organizaciones campesinas de Bolivia y Brasil crearon el Movimiento en Defensa de la Cuenca del Río Madera y de la Región Amazónica y en Brasil presentaron recursos legales, detalló en 2007 a Los Tiempos, la coordinadora nacional del Fobomade, Patricia Molina.
Estudios y pronunciamientos de organizaciones de protección del medio ambiente también alertaban de los riesgos, entre ellos el de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), que en 2009 instó al Gobierno “al cumplimiento de los acuerdos internacionales, independientemente de la agenda positiva con el Gobierno brasileño”. La investigación de Mónica Vargas Collazos (Un caso de anticooperación española: El complejo de río Madera), señalaba que entre los “impactos que puede tener la construcción de megarepresas en la Amazonia brasileña y boliviana” estarían las inundaciones por la crecida de los ríos taponados por las megarepresas.
En 2011, en un seminario sobre proyectos energéticos de Brasil, el vicecanciller Juan Carlos Alurralde, dijo a Reuters que el Gobierno no estaba satisfecho con los informes de Brasil en defensa de las hidroeléctricas y esperaba más aclaraciones y garantías.
El primer secretario de la embajada de Brasil en Bolivia, Ruy Ciarlini, dijo entonces a Reuters que tenían “datos científicos que nos muestran que no existe ningún riesgo”.
Hasta ayer, en Beni se reportaron 84 mil reses muertas y pérdidas por 50 millones de dólares, más de 39 mil hectáreas de cultivos afectados, mientras la cifra de damnificados crece día a día debido a las inundaciones.
CACHUELA ESPERANZA
Un estudio realizado en 2011 por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) señalaba las consecuencias económicas y socioambientales que podría tener la construcción de la hidroeléctrica Cachuela Esperanza (proyecto gubernamental) y las represas brasileñas Jirau y San Antonio en combinación con los fenómenos de El Niño y La Niña.
Más de 18 millones de hectáreas, 559 comunidades de cinco departamentos del país y unas 330 mil personas serían afectadas por la inundación que provocaría la represa Cachuela Esperanza, combinada con los fenómenos climáticos, señalaba Cipca.
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